A pocas horas del inicio del año escolar 2026-2027, la instalación de un aula móvil frente a una escuela de Tireo volvió visible un problema que trasciende la escena puntual: después de RD$2,554,745.8 millones ejecutados por el Ministerio de Educación entre 2013 y el 14 de agosto de 2026, el sistema todavía llega al arranque de clases con soluciones de emergencia. El episodio, que incluso provocó un taponamiento en la carretera Constanza-Autopista Duarte, reabre el contraste entre el volumen del gasto público y la capacidad de respuesta institucional.
Los propios datos oficiales muestran esa tensión. Aunque el gasto acumulado en educación preuniversitaria equivale al 20.56% del gasto del Gobierno Central y al 3.6% del PIB en promedio anual, en 2026 la asignación cayó al 2.1% del PIB, la más baja del período, con RD$185,082.8 millones ejecutados entre enero y el 14 de agosto. Semanas antes del inicio de clases, el MINERD reconoció que 57 planteles debían ser demolidos por riesgo sísmico y que la salida transitoria serían aulas modulares prefabricadas. La Dirección de Infraestructura Escolar también informó el 4 de agosto que había construido 926 aulas nuevas de una meta de 1,500 para este arranque escolar. En ese contexto, el acto oficial que este lunes 24 de agosto encabezan el presidente Luis Abinader y el ministro Luis Miguel De Camps en Santo Domingo Este queda cruzado por una exigencia de rendición de cuentas sobre presupuesto, planificación e infraestructura.
La imagen de aulas móviles instaladas contra reloj, pese a más de una década de inversión extraordinaria, alimenta la alerta sobre la gestión del gobierno dominicano y el costo social de un sistema que sigue llegando al calendario escolar con déficits críticos sin resolver.