En Santiago, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, admitió que los conflictos sociales ya representan un problema de seguridad en República Dominicana y que, en apenas una semana, la institución recibió 16,000 denuncias por ruido excesivo, una demanda que supera su capacidad de respuesta por la escasez de agentes y vehículos. Su reconocimiento deja en evidencia el choque entre el discurso de control y una estructura oficial que no consigue atender a tiempo una presión ciudadana que, según la propia funcionaria, termina en múltiples muertos y heridos.
En un encuentro de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, celebrado en Cienfuegos, Raful informó además la intervención del distrito municipal Santiago Oeste y defendió los operativos contra la contaminación sónica frente a las críticas de que “solo recogen bocinas”. “La seguridad es prevención. Cuando acudimos a un lugar con sonido por encima de lo permitido por ley y que afecta a los vecinos tras una denuncia, prevenimos que ese vecino tome la justicia por sus manos”, dijo. También descartó la idea de eliminar la Policía y sostuvo que la salida pasa por arreglarla y fortalecerla.
Sin embargo, el anuncio oficial recibió reparos desde la propia comunidad. El pastor Pablo Ureña dijo tener dudas sobre el alcance de la intervención: aunque valoró avances en el asfaltado de calles y la construcción del Monorriel, advirtió que las necesidades básicas siguen sin respuesta. Mencionó la expansión de puntos de droga, peleas de gallos, bares, “teteos” y el uso de menores como “mulas” para el microtráfico; además, señaló que el año escolar no comenzará en la escuela Rafaela Jiminián por obras inconclusas, un panorama que refuerza la alarma institucional y la exigencia de resultados verificables para la sociedad civil.