Las contribuciones del sector privado colombiano para atender a los damnificados y ayudar a reconstruir las zonas golpeadas por el terremoto del 10 de agosto ya superan los dos billones de pesos, equivalentes a unos 651 millones de dólares, según informó este sábado el presidente Abelardo de la Espriella. La cifra fue presentada como una respuesta «extraordinaria», pero aun así apenas ronda el 7 % de los al menos 30 billones de pesos que el propio mandatario calculó como costo de la reconstrucción.
Esa distancia entre lo comprometido hasta ahora y el valor total vuelve a poner el foco sobre el peso que recaerá en el Estado y, por extensión, sobre la exigencia de fiscalizar los recursos públicos en una emergencia de alto impacto social. De la Espriella había estimado que 24,5 billones de pesos corresponderán a edificaciones y 5,5 billones a infraestructura, una magnitud que sitúa la discusión no solo en el tamaño del daño, sino también en la capacidad institucional para responder sin trasladar el costo a la ciudadanía.
Entre los aportes más altos se cuentan 200.000 millones de pesos de la familia de Luis Carlos Sarmiento, 150.000 millones de la familia de Jaime Gilinski, 100.000 millones anunciados por David Vélez y otros 100.000 millones de la familia Santo Domingo. El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo afirmó que el costo, aunque «elevado, es financiable», y calculó que, si el proceso se extiende tres años y el sector privado junto con la cooperación internacional aportan el 15 % de los recursos, el esfuerzo adicional para el Estado sería de unos 8,5 billones de pesos al año, equivalentes al 1,5 % del presupuesto nacional.