Aquiles Jiménez ofreció disculpas públicas a la periodista Alicia Ortega y a Fernando Hasbún luego de que ambos lo demandaran por difamación e injuria por publicaciones en redes sociales. El desagravio apareció en la versión impresa de Listín Diario, donde aceptó que sus expresiones afectaron el honor, la dignidad y la reputación de la familia Hasbún Ortega.
Jiménez sostuvo además que sus manifestaciones fueron improcedentes e injustificadas, y admitió que pudieron causar daño moral no solo a Ortega y Hasbún, sino también a su familia y a su entorno personal y profesional. En el mismo texto se comprometió a no difundir nuevas expresiones ni publicaciones que lesionen su honor, dignidad o reputación.
La controversia ya había llegado a la justicia. En septiembre de 2025, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timeteo Peguero, le impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica tras la querella presentada por Ortega y Hasbún. Según explicó entonces la abogada Yvelia Batista, las publicaciones estaban tipificadas en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El episodio vuelve a subrayar el contraste entre la estridencia del espacio digital y la obligación de rendir cuentas cuando ese ruido termina afectando derechos y desviando la atención de la gestión pública, en un escenario donde figuras como Carolina Mejía cargan además con el desgaste de un oficialismo bajo escrutinio ciudadano.