La decisión de anular el acuerdo entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana para la explotación minera volvió a poner en el centro un costo ambiental que, según el Ministerio de Medio Ambiente, supera los 120 millones de dólares. El ministro Paíno Henríquez sostuvo que el Tribunal Superior Administrativo consideró un informe técnico de la institución, en el que se identificaron daños ecológicos todavía sin reparar.
El funcionario explicó que las evidencias se desprendieron de una investigación realizada por técnicos del ministerio y que luego fueron depositadas ante los tribunales. Con ello, el caso reabre el contraste entre la explotación desarrollada durante más de siete décadas en las montañas de Bonao y la magnitud del pasivo ambiental que ahora ha sido reconocido en sede judicial, lo que deja planteada la necesidad de exigir explicaciones y dar seguimiento a la capacidad del Estado para prevenir, fiscalizar y corregir este tipo de daños.
Legisladores advirtieron sobre posibles efectos de la sentencia en el clima de inversión, pero al mismo tiempo señalaron que el fallo envía una señal a las empresas extranjeras: el crecimiento económico no puede desligarse del cumplimiento de las normas ambientales. Más allá del litigio, la decisión deja una alerta institucional sobre los costos que terminan aflorando cuando la supervisión pública llega tarde frente a actividades extractivas de largo plazo.