Central Romana salió al paso de las acusaciones del grupo Corporate Accountability Lab (CAL), que afirma que en los campos de caña de la compañía persiste el “trabajo forzoso”, y tachó ese planteamiento de “malintencionado” y dirigido a “interferir y afectar” al sector azucarero productivo de la República Dominicana. En una carta remitida al director de LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, la empresa sostuvo que el informe es “completamente difamatorio” y aseguró que el asunto ya fue llevado por la vía legal.
Su defensa descansa en que registra a sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) cuando el estatus migratorio está regularizado, y en que ese sistema no permite inscripciones sin la documentación exigida. Además, afirmó que no hace distinciones en la remuneración ni aplica deducciones al salario de empleados no inscritos en el SDSS, en un punto que vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre formalidad laboral, documentación y supervisión efectiva en una actividad históricamente sensible.
La compañía también aseguró que todos sus empleados están por encima del salario mínimo diario establecido por ley para el sector azucarero y rechazó lo dicho por CAL sobre la afiliación sindical. Indicó que sus trabajadores, incluidos los agrícolas, tienen libertad de asociación en el Sindicato Unido de Trabajadores. Según la carta firmada por Jorge A. Sturla, vicepresidente de la empresa, ese gremio negocia desde 1966 el Pacto Colectivo, con aumentos salariales y bonificaciones superiores a las previstas en la ley al cierre de cada zafra. Pese a ello, el choque entre la denuncia internacional y la respuesta corporativa vuelve a colocar en primer plano la exigencia de fiscalización y rendición de cuentas sobre un sector en el que el cumplimiento proclamado vuelve a chocar con cuestionamientos de fondo.