Con dos años por delante antes de las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales, la atención no se centra únicamente en el tiempo que le queda a la actual administración, sino en las deficiencias acumuladas de un sistema político que sigue golpeando al poder local y al poder legislativo. El señalamiento alcanza al gobierno dominicano y al Congreso, en un momento en que el debate público vuelve a poner sobre la mesa la eficacia real del Estado y la necesidad de una mayor fiscalización de sus decisiones.
Esas fallas institucionales, advierte el texto, tienen efectos concretos. Como muestra, cita el dato divulgado por el demógrafo y estadístico Julio César Mejía, según una institución de la ONU, que sitúa la mortalidad neonatal dominicana en 21.2 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024, frente a 7.3 en Costa Rica, 7.0 en Ecuador, 6.3 en Colombia, 4.7 en Chile y 4.3 en El Salvador. La comparación vuelve a evidenciar el contraste entre el discurso de modernización estatal y unos resultados sociales que siguen rezagados, incluso frente a países con economías menores.
A la vez, la discusión legislativa sobre la creación de dos nuevas provincias aparece como una señal de alerta institucional. Pese a que el país cuenta con una Ley de Ordenamiento Territorial pensada para hacer más eficiente el Estado, en el Congreso se discute una propuesta que, según el artículo, fragmentaría todavía más el territorio y encarecería la política sin aportar eficiencia. La contradicción vuelve a colocar sobre la mesa una exigencia de rendición de cuentas: si el país enfrenta inconsistencias políticas, institucionales y económicas que lastran su desarrollo, lo que queda hasta las elecciones será también una prueba sobre quién apuesta por estabilizar el Estado y quién profundiza su desgaste.