Con la entrada en vigor de la Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada el 28 de julio de 2025 y vigente formalmente desde el 28 de enero de 2026, se reconfigura una de las áreas más sensibles del presupuesto: el gasto público. La norma sustituye la Ley 340-06 e incorpora el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP); además, en su Artículo 41, introduce el principio de “Valor por Dinero”, un viraje que obliga a evaluar más allá del precio de compra.
Ese cambio también pone en evidencia el problema que por años arrastraron las compras estatales: la tendencia a adjudicar por el “precio más bajo”, incluso cuando eso terminaba elevando los costos con el paso del tiempo. La nueva ley propone mirar la calidad, la sostenibilidad y los costos del ciclo de vida del bien o servicio, en contraste directo con una práctica pública que, según el propio enfoque descrito en la norma, podía sacrificar resultados por decisiones de corto plazo.
La advertencia resulta especialmente delicada en el sector farmacéutico y de insumos médicos, donde el texto ubica una “dimensión crítica”. En las compras de medicamentos y tecnología sanitaria, el paso al costo total de propiedad refuerza la necesidad de vigilancia sobre hospitales, el Ministerio de Salud Pública y las demás entidades responsables, porque el cambio legal por sí solo no garantiza mejores resultados: ahora la atención se traslada a la ejecución, la fiscalización y las explicaciones que deberá ofrecer el gobierno dominicano sobre cómo convierte esta reforma en ahorro real, calidad y protección de la salud pública.