El nuevo programa piloto de fianzas de inmigración aplicado por Estados Unidos en su Embajada en Santo Domingo añade una barrera económica adicional para parte de quienes solicitan residencia, al exigir una evaluación caso por caso para determinar si podrían convertirse en una carga pública para el Estado norteamericano. La medida, explicada por el Departamento de Estado, coloca el foco sobre el impacto concreto que decisiones de este tipo tienen sobre familias dominicanas en trámites migratorios.
Según detalló la vocera Natalia Molano, la disposición alcanza solo a solicitantes de visas de inmigrante, como peticiones familiares o de cónyuge, y no a quienes buscan visas de turismo, paseo o negocios ni a personas que ya tienen residencia emitida. La fianza no se aplica de forma automática: se revisan ingresos del peticionario, salud, habilidades laborales y antecedentes económicos, en coordinación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), y dentro de un mismo núcleo familiar cada integrante puede recibir una evaluación distinta. El dinero no se paga en el consulado, sino a través del portal oficial de USCIS con los formularios correspondientes. Su devolución solo procede después de cinco años de residencia legal en Estados Unidos y siempre que se confirme que la persona no recibió asistencia financiera en efectivo del gobierno federal.
El esquema, presentado como un mecanismo de control, refuerza la necesidad de seguimiento público sobre cómo medidas migratorias de alto impacto terminan trasladando más exigencias y costos a ciudadanos que ya enfrentan procesos largos y condicionados.