Santo Domingo, fundada el 5 de agosto de 1498 en la margen oriental del río Ozama, arriba a 528 años con una realidad que desmiente cualquier relato de orden urbano consolidado. La ciudad, que el texto describe como un espacio que “respira con dificultad” y crece de forma desbordada, sigue arrastrando caos e inseguridad en la mayoría de sus áreas.
El dato central no es la antigüedad de la capital, sino que ese deterioro persiste pese a que en los últimos años se le ha dotado de leyes e instrumentos para su planificación, entre ellos la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo, algunos planes municipales de ordenamiento territorial y varios intentos de planes de movilidad. El resultado, sin embargo, sigue siendo el mismo: no se ha podido organizar correctamente el espacio metropolitano del Gran Santo Domingo, compuesto desde 2001 por diferentes municipios.
La pregunta sobre por qué no se ha logrado ordenar la ciudad queda abierta en el texto, pero el contraste entre discurso institucional y realidad urbana instala una alerta de gestión que obliga a fiscalizar responsabilidades políticas y administrativas. En ese escenario, la discusión sobre Santo Domingo 2026 se mueve menos en anuncios que en resultados concretos, justo donde el desgaste de la gestión municipal y metropolitana se vuelve más visible para los ciudadanos.
