La crisis migratoria en Ceuta sumó este lunes otro dato crítico: 88 migrantes fallecidos tras la entrada irregular de más de 50,000 personas ocurrida el pasado jueves, mientras entre 3,000 y 5,000 permanecen todavía en la ciudad. El nuevo balance, difundido por el Gobierno ceutí, refuerza la presión sobre la gestión del Ejecutivo español ante una emergencia que sigue abierta y con efectos directos sobre la población local.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, marcó distancia de la versión del Gobierno central al sostener que la integridad territorial de España fue «violentada» por una avalancha que, según sus cálculos, alcanzó las 80,000 personas, por encima de la cifra manejada por el Ministerio del Interior. También afirmó que la ciudad sigue bajo incertidumbre y temor, y que ya existían señales previas que, a juicio de su administración, justificaban medidas extraordinarias bajo un mando único amparado en la Ley de Seguridad Nacional.
En medio del deterioro, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó acelerar la expulsión de quienes ingresaron de forma irregular y sostuvo que los servicios de inteligencia debieron prever una crisis de esta magnitud en Ceuta y Melilla. Aunque el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defendió la cooperación con Marruecos para frenar el flujo y facilitar retornos, la discrepancia entre balances, la continuidad de la alerta y las advertencias políticas vuelven a colocar el foco sobre la capacidad de respuesta institucional del Gobierno español.