La irrupción en los últimos días de cerca de 60.000 migrantes procedentes de Marruecos en Ceuta ha situado al Gobierno español ante una crisis migratoria y política de gran alcance, con un impacto equivalente al 70 % de la población del enclave. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, indicó que “unas 60.000 personas” habían entrado en la ciudad y anunció además la muerte de 34 en una “avalancha”, mientras fuentes citadas por el periodista Ignacio Cembrero elevaban el flujo a hasta 200 personas por minuto el jueves.
Pese a que el Gobierno español aseguró que unas 48.000 personas ya habían regresado a Marruecos a última hora del viernes, la magnitud del episodio dejó un fuerte contraste entre la versión oficial y lo que se observaba sobre el terreno. La cifra supera con claridad la registrada en mayo de 2021, cuando llegaron unas 12.000 personas en muy pocos dos días, según el Observatorio, y ha alimentado una alerta institucional sobre la capacidad de respuesta ante una presión fronteriza de esta dimensión.
El episodio también incrementó la presión sobre las explicaciones pendientes. Según Cembrero, desde el miércoles las fuerzas de seguridad marroquíes “están de brazos cruzados”, y sostuvo que quienes llegaron “es evidente que les han dejado pasar”. Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, afirmó que, aunque el término “invasión” es polémico, puede aplicarse a una situación en la que “miles de personas cruzan una frontera internacional de forma ilegal y ejercen presión sobre un vecino”. En ese marco, Pedro Sánchez habló este viernes de “violación y ataque a la integridad territorial”, mientras varios países europeos reaccionaron con firmeza y elevaron el coste político de una crisis que ya desbordó el plano migratorio.