La resolución del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en el caso Calamar volvió a poner bajo la lupa la forma en que se han tramitado procesos de alto impacto público. Pese a que la jueza Altagracia Ramírez envió a juicio a 35 de los 40 acusados por el Ministerio Público en un expediente relacionado con un presunto fraude al Estado superior a 19,000 millones de pesos, también emitió autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y de otros tres imputados.
Después del fallo, el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, afirmó que la decisión ratifica la relevancia del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. En una publicación en X, señaló que “durante años advertimos sobre los riesgos de sustituir la justicia por la condena mediática” y añadió que, para quienes fueron enviados a juicio, corresponderá a los tribunales decidir “sobre la base de pruebas y conforme al derecho”.
El dirigente peledeísta reiteró que estos procesos han estado acompañados de campañas mediáticas, judicialización selectiva y acciones orientadas, según dijo, a afectar la reputación de determinados dirigentes desde el poder político. El fallo, en ese marco, alimenta el debate sobre la necesidad de mayor vigilancia institucional y de que los casos de corrupción se sostengan en pruebas y garantías, no en presión pública ni en narrativas anticipadas.