El obispo Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, recién elegido presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, hizo una de sus primeras declaraciones públicas para pedir que la Iglesia católica dominicana brinde más apoyo a las mujeres en situación de fragilidad. Aun así, el repaso histórico del trato a las mujeres dentro de la Iglesia devuelve la discusión a una pregunta más incómoda: cuánto tiempo tardaron sus estructuras en admitir una desigualdad que ya era visible desde hace décadas.
Al mirar la experiencia de la Compañía de Jesús, el texto ubica un punto de quiebre en la Congregación General 34 de 1995, convocada por Peter-Hans Kolvenbach, cuando se aprobó el decreto 14. En ese pronunciamiento, los jesuitas reconocieron: “Aun sin percatarnos, hemos sido cómplices de una forma de clericalismo que ha respaldado el dominio convencional del varón con una sanción presuntamente divina. Con esta declaración queremos reaccionar personal y corporativamente y hacer lo que podamos para cambiar esta lamentable situación”. La propia lectura del decreto agrega que esa advertencia ya venía de congregaciones previas, como la CG 32, iniciada en 1974 y convocada por Pedro Arrupe, y la CG 33.
A eso se suma el dato de que, incluso en el siglo XVI, una mujer solo logró entrar a la orden bajo un nombre falso, lo que acentúa el contraste entre los gestos de apertura y la magnitud del rezago institucional. Más que un cierre celebratorio, el reconocimiento tardío obliga a observar con fiscalización una estructura que hoy habla de mayor participación femenina después de haber normalizado por largo tiempo su exclusión.