La denuncia de Mariano Lantigua, integrante y fundador de Aljadaqui, obligó al Ministerio de Turismo a desautorizar a la seguridad privada que intentó impedir el libre acceso a una playa pública en Juan Dolio. Lo ocurrido la semana pasada terminó poniendo bajo la lupa la capacidad de las autoridades para hacer cumplir un derecho que el propio Gobierno dice defender.
David Collado dijo que el caso “nos avergüenza” y afirmó que las playas “son del pueblo y son de la gente”, al rechazar cualquier obstáculo de complejos inmobiliarios al acceso ciudadano, siempre dentro del respeto a la propiedad privada y a la ley. Sin embargo, la rectificación pública quedó marcada por lo denunciado por Lantigua en el Día de los Padres, cuando difundió en redes sociales un audiovisual en el que se ve a la seguridad detrás de él mientras se resistía a levantarse de la silla en la orilla del balneario.
Luego de la controversia, el funcionario anunció la creación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República para reforzar la seguridad jurídica, la convivencia y el uso responsable de los espacios costeros. La respuesta institucional admite la magnitud del problema y vuelve a colocar sobre la sociedad civil la exigencia de vigilancia sobre el acceso real a bienes públicos que, según la propia versión oficial, no debieron ser restringidos.