República Dominicana cerró la semana con dos reveses para su comercio exterior, después de que Estados Unidos comunicara decisiones con impacto directo sobre sectores exportadores agrícolas e industriales. El golpe de mayor alcance fue la imposición de un arancel de 12.5%, bajo el argumento de que el país figura entre las economías que no establecen ni aplican eficazmente la prohibición de importar mercancías producidas con trabajo forzoso.
La decisión de Washington colocó bajo presión al Gobierno dominicano y forzó al presidente Luis Abinader a emitir el Decreto 502-26, que fija un procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de bienes elaborados total o parcialmente con trabajo forzoso. Aunque el decreto promete fortalecer la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de compromisos internacionales, su emisión después de la sanción abre un frente de fiscalización sobre la capacidad oficial para anticipar riesgos, evitar costos al aparato productivo y rendir cuentas por un resultado que ya afecta al comercio exterior. El anuncio fue comunicado el 23 de julio por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Su secretario, Jamieson Greer, sostuvo que la medida se adoptó en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y afirmó que Washington aplica con rigor su prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso.
Con ese señalamiento, el caso deja una alerta institucional para el Gobierno dominicano: más allá del decreto, quedan pendientes explicaciones sobre por qué la corrección llegó después del castigo y cuál será el costo real para los sectores locales alcanzados por la decisión.