La decisión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) de retirar 606 becas a estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reabre el foco sobre los controles con que se administraron esos recursos públicos. De los 2,557 beneficiarios evaluados, 1,058 presentaban inconsistencias en sus expedientes, y tras el proceso de validación 425 no pudieron demostrar que cumplían las condiciones exigidas, mientras otros 181 ni siquiera acudieron a la revisión.
El propio ministro Rafael Santos Badía admitió el alcance del problema al señalar que durante años hubo personas que recibieron recursos públicos sin mecanismos adecuados para comprobar si realmente cumplían con los requisitos. Según explicó, la revisión permitió detectar casos de estudiantes que inscribían asignaturas y luego las retiraban, mantenían un índice por debajo del requerido, asumían una carga académica inferior al mínimo o seguían recibiendo el estipendio sin acreditar las condiciones establecidas.
Más que una simple depuración administrativa, el resultado expone un contraste entre el discurso de apoyo a la educación superior y la debilidad de la supervisión sobre un programa creado para garantizar acceso al sistema universitario. La corrección anunciada por Mescyt coloca ahora la atención sobre la rendición de cuentas y la necesidad de vigilancia institucional para evitar que los fondos de becas sigan operando con fallas de seguimiento.