WASHINGTON (EFE).- La defensa de Donald Trump de la sala de baile que impulsa en la Casa Blanca volvió a situar en primer plano una disputa institucional: la obra, que implicó la demolición del Ala Este por decisión unilateral del mandatario, sigue sometida a revisión judicial por la ausencia de una autorización específica del Congreso.
Este sábado, Trump comparó el proyecto con el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, que visitó en dos ocasiones durante su reciente viaje a China a mediados de mayo, y cargó contra quienes buscan detener la construcción. En un mensaje, aseguró que el salón es “muy grande y hermoso”, atacó a los demócratas y difundió además una imagen junto al presidente chino, Xi Jinping.
Sin embargo, la cuestión de fondo continúa siendo hasta dónde llega el poder presidencial sobre una intervención polémica en la Casa Blanca. En marzo, un juez federal paralizó parcialmente las obras tras una demanda de una asociación para la conservación de monumentos en Washington y determinó que Trump no tiene autoridad para seguir sin el visto bueno del Congreso. Aunque esa orden fue suspendida de manera temporal por un tribunal federal de apelaciones, esa instancia deberá resolver a principios de junio si mantiene o no el freno judicial.