Durante el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para que la oposición dispute el poder. La frase expone de forma explícita lo que la oposición y otros sectores denuncian desde hace años: el abandono de la alternancia democrática y un nuevo paso en la consolidación autoritaria del régimen Ortega-Murillo. Además, el pronunciamiento reabre el debate sobre la respuesta de los organismos multilaterales y de los gobiernos del hemisferio ante el deterioro democrático en el país.
En Managua, el copresidente de 80 años dijo: “Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder”. También adelantó que promoverá nuevas normas junto con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para impedir que partidos opositores puedan disputar el Gobierno en las urnas. Con ello, refuerza el contraste entre cualquier discurso de legalidad y la realidad de un sistema que, según el propio mandatario, busca cerrar la competencia política.
La Unión Democrática Renovadora (Unamos) respondió pidiendo a la comunidad internacional actuar para que Ortega no siga “con total impunidad” y ejercer “la máxima presión política y diplomática” con el fin de abrir una ruta hacia la democracia. El grupo, integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, sostiene que desde el retorno de Ortega al poder en 2007 el Gobierno sandinista les ha “robado ese derecho” a unas elecciones libres, una denuncia que ahora encuentra confirmación directa en boca del propio gobernante.