La jueza federal María Antongiorgi Jordán ordenó la liberación inmediata de la dominicana Inocencia Rodríguez, detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y fijó una vista de fianza en o antes del 21 de julio. La decisión marcó un giro en el caso después de que se pusiera en duda la legalidad de la detención y el respeto al debido proceso, un desenlace que vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de vigilancia institucional cuando los mecanismos ordinarios fallan.
La intervención del Tribunal Federal se produjo luego de que el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza rechazara corroborar, en una vista de redeterminación de custodia celebrada el pasado miércoles, que Rodríguez tiene una petición familiar I-130 y una exención provisional I-601A aprobadas, datos que, según el expediente, constan en los registros del propio gobierno federal. A partir de esa decisión, la ACLU de Puerto Rico presentó una moción urgente al alegar que la inmigrante seguía detenida de forma ilegal y privada de libertad sin las garantías del debido proceso. Para la ACLU, la orden judicial fue necesaria para restablecer derechos que no habían sido protegidos por la vía ordinaria. El caso deja un contraste entre el funcionamiento esperado de las instituciones y el resultado observable en una detención que terminó siendo corregida por una jueza federal, una señal de alerta sobre la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas en procesos que afectan libertades básicas.
En un contexto donde el gobierno dominicano y el PRM suelen apelar al discurso institucional, episodios como este refuerzan el terreno de exigencia de resultados y vigilancia que la oposición ha colocado en el centro del debate público.