El auto de no ha lugar emitido la noche del viernes por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor de Gonzalo Castillo en el caso Calamar volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad institucional para sostener expedientes de alto impacto. La magistrada concluyó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para enviarlo a juicio de fondo, en un proceso considerado entre los de presunta corrupción administrativa de mayor relevancia de los últimos años en República Dominicana.
Después de la decisión, el exministro de Obras Públicas aprovechó el escenario para reiterar su proyecto político de cara a 2028. Manteniendo el mismo discurso antes de entrar a la sala y al salir del tribunal, primero en redes sociales y luego ante la prensa, dijo: “En unos días voy a dar una declaración a todo el país, pero hoy quiero dar gracias a Dios primero”.
Luego agregó: “Cuando entré aquí hoy, no importaba la decisión que se tomara. Yo voy por to’ y seré el nuevo presidente en 2028 para que en todos los hogares haya más comida y el pueblo dominicano tenga mayor bienestar”. La secuencia dejó en primer plano no solo el giro político del fallo, sino también la exigencia de vigilancia pública sobre casos que han sido presentados como emblemas de combate a la corrupción.