La situación de hacinamiento entre personas detenidas en la jurisdicción de Santo Domingo Este volvió a colocar bajo la lupa el desempeño real del sistema de justicia, en medio de cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta. El abogado Jeswa Sánchez afirmó que el problema no puede atribuirse únicamente al Ministerio Público, sino que involucra a todo el engranaje institucional que participa en el proceso.
De acuerdo con su explicación, el Ministerio Público lleva a los detenidos ante el juez competente dentro del plazo de 48 horas que establece el Código Procesal Penal, mientras que al juez le corresponde decidir sobre la legalidad de la detención y las medidas de coerción. Sánchez advirtió que Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, abogados particulares, Policía Nacional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales integran un mismo procedimiento, de modo que cualquier falla en uno de esos eslabones termina afectando al conjunto.
El jurista agregó una carencia puntual: no existe un área de retención provisional en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, a diferencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esa limitación, explicó, complica los traslados, incrementa la carga operativa de los organismos de custodia y contribuye a la congestión denunciada. También señaló que la provincia Santo Domingo presenta una incidencia delictiva mayor que otras demarcaciones, con altos niveles de violencia de género, robos y homicidios, un panorama que refuerza la alerta sobre la gestión, la capacidad institucional y las explicaciones pendientes ante una crisis con impacto ciudadano.