Legisladores de la Fuerza del Pueblo en la comisión bicameral que estudia el proyecto de Código Penal advirtieron este viernes sobre el riesgo de empujar una revisión acelerada de una norma con impacto directo en el sistema de justicia y en derechos fundamentales. Además, anunciaron que propondrán ampliar el período de análisis y abrir espacios de participación para las organizaciones e instituciones que hicieron observaciones.
La bancada opositora cuestionó que las observaciones remitidas por distintos sectores se pretenda conocer de forma “expresa y festinada”, un contraste que vuelve a colocar bajo fiscalización la forma en que se conduce una discusión sensible para el país. Según explicaron, la comisión recibió propuestas de 84 organizaciones, ciudadanos e instituciones, lo que obliga a un examen técnico y jurídico que no puede resolverse en apenas horas sin exponer el proceso a contradicciones y cuestionamientos constitucionales.
“Resulta preocupante que se pretenda conocer estas observaciones de manera expresa y festinada, en apenas horas, sin agotar una discusión detallada de su contenido ni de las motivaciones que las sustentan. El país no puede permitirse volver a enfrentar controversias jurídicas, recursos de inconstitucionalidad o inconsistencias normativas derivadas de un proceso legislativo apresurado”, señalaron los congresistas, de acuerdo con un comunicado.
Los representantes de la Fuerza del Pueblo informaron que llevarán formalmente a la comisión bicameral la propuesta de extender el plazo de estudio para garantizar una evaluación técnica, jurídica y constitucional de las recomendaciones recibidas. También plantearán vistas públicas para que las organizaciones e instituciones consultadas expongan sus argumentos ante los miembros de la comisión.
Como alternativa, sugirieron convocar a representantes de esas entidades a reuniones de trabajo con la comisión si no se celebran vistas públicas. Con ese planteamiento, la oposición coloca el foco en una exigencia de rendición de cuentas y vigilancia institucional sobre un proceso legislativo que, de cerrarse con premura, podría trasladar al país el costo social y jurídico de una ley mal revisada.