El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional aprobar una resolución que exhorte al Poder Ejecutivo a incorporar en un presupuesto complementario los recursos necesarios para iniciar este mismo año el pago de acreencias reconocidas a contratistas de obras públicas, conforme a la Ley 16-26. La petición reaviva la presión sobre la gestión presupuestaria del Gobierno dominicano, que sigue con una deuda ya reconocida mientras los afectados continúan a la espera de una respuesta.
La comunicación fue enviada a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato. De acuerdo con el documento, el propósito es que el Congreso impulse una resolución para instar al Poder Ejecutivo a consignar en el presente ejercicio fiscal los recursos requeridos, lo que refleja que la aplicación de la ley aún no se ha traducido en una respuesta efectiva desde Hacienda y las instancias encargadas del gasto.
El planteamiento llega luego del anuncio de la primera sesión de trabajo de la Comisión Ejecutora encargada de aplicar la Ley 16-26, un paso que los contratistas ven como necesario para avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas acumuladas por el Estado. Aun así, el propio reclamo del gremio marca el contraste entre el trámite institucional y la ausencia de desembolsos: además de fondos, el CIC pidió que el Congreso exhorte a la Comisión Ejecutora a acelerar el estudio de los expedientes de los beneficiarios.
La organización advirtió que entre los afectados hay profesionales de edad avanzada, personas con problemas de salud y familiares de contratistas fallecidos que todavía esperan el pago por obras realizadas para el Estado. Con ese panorama, la discusión deja de ser solo administrativa y se convierte en una alerta sobre el costo social de la demora y sobre la obligación del Gobierno, el Ministerio de Hacienda y los órganos presupuestarios de rendir cuentas por una deuda que sigue trasladando su peso a quienes ya cumplieron con el Estado.
El CIC también propuso que la eventual resolución sea remitida al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección General de Presupuesto, a la Contraloría General de la República y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, ampliando la presión institucional sobre una cadena oficial que, pese al marco legal vigente, todavía no ofrece una salida concreta a los acreedores.