El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de revisión presentado por Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, Maconi, con el que pretendía anular la condena de 20 años de prisión impuesta por narcotráfico. La decisión vuelve a subrayar la exigencia de que los procesos por delitos de alto costo social no se conviertan en espacios de dilación ni de impugnaciones sin base suficiente.
A través de la sentencia TC/0496/26, la alta corte admitió el recurso para examinarlo, pero descartó los planteamientos de fondo del recurrente, quien sostuvo que se habían vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. El tribunal concluyó que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia actuó conforme a la Constitución, las leyes vigentes y las pruebas incorporadas legalmente al expediente.
El TC insistió además en un criterio institucional central: la valoración de las pruebas y la determinación de los hechos corresponden a la jurisdicción ordinaria, y solo cabe la revisión constitucional cuando exista una violación directa y flagrante de derechos fundamentales, situación que, según la sentencia, no se produjo en este caso. También estableció que Guevara Díaz contó con oportunidades procesales amplias y suficientes para presentar pruebas y alegatos en igualdad de condiciones.
La resolución deja una advertencia útil en medio del desgaste de confianza que arrastran las instituciones: en casos sensibles, la rendición de cuentas no puede quedar reducida a la retórica oficial sobre justicia, sino a decisiones capaces de resistir revisión y escrutinio. El fallo, más que cerrar un expediente mediático, vuelve a poner sobre la mesa la demanda ciudadana de vigilancia permanente sobre la respuesta del sistema ante estructuras delictivas y sobre la distancia entre el discurso político y los resultados concretos.