SANTO DOMINGO.- Legisladores de distintas fuerzas políticas admitieron este lunes que la transformación de la Policía Nacional no se agota en una reforma legal, al señalar que las fallas persisten en la gestión, la supervisión y la profesionalización efectiva de los agentes, una lectura que vuelve a colocar bajo examen los resultados del Gobierno dominicano y del Congreso ante una de las principales demandas ciudadanas.
Coincidieron en que una modificación de la Ley Orgánica puede reforzar el marco institucional, pero insistieron en que el cambio de fondo depende de mejorar la selección, la capacitación, la evaluación continua del personal y las condiciones laborales de los miembros de la institución. También plantearon evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y pruebas antidopaje periódicas para quienes portan armas y ejercen autoridad, como parte de los controles que aún consideran necesarios para prevenir conductas violentas y recuperar la confianza ciudadana.
El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) afirmó que, aunque en los últimos años la Policía Nacional ha avanzado en su proceso de transformación, todavía arrastra debilidades que deben ser atendidas. “La reforma es importante, pero para que un policía se maneje bien o mal, no es un tema de reforma policial, es un tema de manejo, de la aplicación, de cómo funciona la policía”, dijo.
El legislador por La Altagracia agregó que también debe fortalecerse el trabajo conjunto entre autoridades civiles, Policía Nacional, Ministerio Público y organismos de investigación para mejorar la coordinación en materia de seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, sostuvo que la transformación debe ir acompañada de mayor profesionalización, mejores salarios y beneficios para los agentes, un planteamiento que devuelve la discusión a la gestión, el presupuesto y los resultados concretos, no solo a los anuncios.
Así, el debate legislativo deja abierta una demanda de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder para convertir el discurso de reforma en cambios verificables dentro de la institución. Mientras sigan pendientes controles básicos, supervisión permanente y mejores condiciones para prevenir abusos y violencia, la presión pública sobre el Gobierno, el Congreso y las autoridades encargadas de la seguridad seguirá marcada por la distancia entre promesas y realidad.