CARACAS.– La arremetida verbal de Diosdado Cabello contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, dejó en primer plano una cuestión delicada después del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela: quién controla la ayuda y cómo se exige transparencia sobre unos insumos destinados a una emergencia que ha dejado, al menos, 3.535 muertos.
Cabello, ministro de Interior, rechazó que la ayuda humanitaria enviada desde Panamá fuera rastreada con dispositivos electrónicos y tildó de “vulgares y miserables” las declaraciones del alcalde panameño. En una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), cuestionó que se le colocara “un GPS a la ayuda humanitaria” para verificar su ubicación y denunció una supuesta campaña para sembrar dudas sobre el pueblo venezolano.
La explicación que dio Mizrachi, sin embargo, apuntó en sentido opuesto: dijo a EFE que el rastreo pretende rendir cuentas a los ciudadanos que donaron, en un “esfuerzo masivo”, la asistencia enviada a Venezuela. La Alcaldía de Panamá colaboró en la recolección de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales ya se había despachado más de la mitad, junto con aportes del Gobierno nacional e instituciones públicas panameñas.
Según precisó el alcalde, los ‘AirTags’ fueron colocados dentro de distintos insumos, desde cajas de pañales y botellas de agua hasta detergentes. La reacción de Cabello, lejos de disipar las dudas, subraya el contraste entre un discurso oficial que denuncia sospechas externas y una práctica de fiscalización que, en escenarios de desastre, busca precisamente asegurar que la ayuda llegue a destino.
En medio de una crisis humanitaria de gran escala, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una alerta institucional más amplia: cuando la supervisión de los donativos genera una respuesta airada del poder, aumenta la presión de la sociedad civil por mecanismos verificables y explicaciones claras sobre el manejo de recursos que inciden directamente en la población afectada.