La decisión de Mario Díaz de rechazar el aumento del pasaje anunciado por transportistas de Santiago volvió a situar en primer plano una pregunta de rendición de cuentas: si el Gobierno dominicano mantiene congelados los combustibles que usa buena parte de la flota y conserva subsidios para el sector, ¿con qué justificación se pretende imponer un nuevo costo a la población?
El dirigente sindical cuestionó el incremento divulgado por Juan Marte, previsto para entrar en vigor el próximo lunes, al afirmar que en las condiciones actuales no existe base técnica, económica ni financiera para subir las tarifas del transporte público de pasajeros. Su planteamiento refleja una tensión que va más allá de Santiago: la distancia entre el discurso de protección al usuario y la necesidad de supervisar que las ayudas públicas realmente impidan abusos en un servicio esencial.
Díaz recordó que el transporte sigue recibiendo respaldo del Estado, entre ellos el subsidio al gasoil para autobuses, minibuses y vehículos de carga, además del programa Bono Gas para carros del concho que operan con GLP. En ese escenario, advirtió que trasladar aumentos a los pasajeros golpearía de manera directa la economía de miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen cada día del transporte público.
También llamó a los sindicatos y organizaciones de transportistas de Santiago a dejar sin efecto la medida y a abrir un proceso de diálogo y concertación con las autoridades. Sin embargo, el episodio deja una alerta institucional más amplia: cuando hay subsidios, congelamiento de combustibles y aun así aparece presión para elevar tarifas, la sociedad civil y las autoridades están obligadas a fiscalizar mejor, pedir explicaciones y evitar que la gestión termine descargando sobre la gente un costo social que, en teoría, debía contenerse.