Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo puso bajo escrutinio el manejo del Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible al denunciar que una parte importante de los recursos recaudados no se está concentrando en resolver la crisis de residuos sólidos, sino en gastos operativos y administrativos.
La postura fue expuesta por la Secretaría de Medio Ambiente de la organización en un documento leído por su titular, Paíno Abreu, quien señaló que los estados financieros del fideicomiso reflejan una distribución de recursos que despierta preocupación por la transparencia y la eficiencia de la administración. “El Fideicomiso DO Sostenible se parece más a un fondo para distribuir beneficios a terceros”, afirmó Abreu, al destacar la diferencia entre lo invertido en proyectos de residuos y lo destinado al funcionamiento interno de la entidad.
De acuerdo con los datos citados por la FP, en tres años de operaciones los gastos de personal superaron los RD$537 millones, equivalentes al 86 % de los recursos dirigidos a la construcción de rellenos sanitarios. Añadió, además, que los pagos por sueldos, compensaciones y honorarios representaron cerca de la mitad de lo destinado al transporte de residuos, una proporción que la organización presenta como muestra de un esquema en el que la carga administrativa termina compitiendo con las soluciones que espera la población.
La organización también cuestionó los recursos recibidos por la entidad fiduciaria para administrar el fondo. Abreu aseguró que esta percibió más de RD$223 millones por ese concepto, una suma que, según dijo, supera ampliamente los límites originalmente previstos y eleva la comisión administrativa hasta un 3 % de los ingresos obtenidos. Para la FP, el asunto no es solo contable: lo plantea como una alerta institucional sobre la manera en que se prioriza el gasto en un mecanismo creado para atender un problema de alto impacto social.
Otro punto de cuestionamiento fue el proceso de contratación de obras y servicios vinculados a residuos sólidos, en una línea de crítica que apunta a la necesidad de una vigilancia mayor desde el Congreso y de una rendición de cuentas más estricta sobre el uso de recursos que debían traducirse en resultados visibles. Con este emplazamiento, la Fuerza del Pueblo refuerza su papel de oposición fiscalizadora frente a una gestión que vuelve a quedar expuesta por el contraste entre promesas de eficiencia y dudas crecientes sobre transparencia, prioridades y costo real para la ciudadanía.