La denuncia por presunta violencia intrafamiliar contra el candidato presidencial colombiano Santiago Botero sumó un nuevo foco de escrutinio sobre una figura que ha convertido el discurso de la fuerza en una bandera política. Según un documento oficial conocido este sábado, su esposa, Manuela Echeverri, acudió ante las autoridades y obtuvo medidas de protección de una Comisaría de Familia de Cartagena horas antes de las elecciones de este domingo.
El auto, emitido el 29 de mayo y divulgado hoy, señala que Echeverri denunció «hechos de violencia en el contexto de la familia» presuntamente cometidos por Botero y advirtió que los últimos ocurrieron el jueves 28. A partir de esa denuncia, la Comisaría ordenó acciones para proteger a la mujer y a su hijo de diez meses, entre ellas el cambio de llaves y accesos al apartamento familiar para que fueran entregados exclusivamente a Echeverri, así como impedir cualquier movimiento de bienes de la sociedad conyugal mientras avanza el proceso.
El documento también impone restricciones al candidato y apunta que las autoridades pueden limitar su acceso a elementos «que puedan facilitar la agresión, como las armas de fuego». La denuncia golpea a Botero en la víspera electoral y acentúa el contraste entre su prédica a favor del uso de la violencia y las armas de fuego contra la delincuencia y el proceso abierto en su entorno familiar, en un episodio que vuelve a colocar la rendición de cuentas en el centro del debate público.