El Servicio Regional de Salud Ozama (SRS Ozama) salió a responder un reporte sobre sus contratos de alquiler, luego de que la información colocara bajo escrutinio el uso de recursos públicos en la entidad.
La institución admitió que tiene ocho contratos de arrendamiento, pero aseguró que solo uno corresponde a un almacén. Según su versión, los demás inmuebles funcionan como centros y supervisiones, no como depósitos.
La aclaración surge después de una publicación basada en datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría, lo que reabre la discusión sobre la transparencia, el control y el impacto del gasto público en un sistema de salud que depende de recursos limitados.
Más allá de la corrección puntual del reporte, el caso vuelve a colocar sobre la mesa la obligación de que las instituciones estatales expliquen con precisión en qué se usa el dinero público, bajo qué criterios se contratan inmuebles y qué beneficio concreto recibe la ciudadanía.
En un contexto en que el Gobierno y sus dependencias suelen pedir sacrificios y eficiencia a la población, cualquier partida de gasto —incluidos los alquileres— queda sujeta a fiscalización sobre si responde a necesidades reales, a una planificación adecuada y a una administración austera.
Hasta ahora, el SRS Ozama insiste en que la interpretación divulgada no refleja la naturaleza de todos los contratos. Sin embargo, la existencia misma de ocho arrendamientos obliga a una revisión clara de su justificación, costos y utilidad operativa para el servicio de salud.