En solo siete días, las autoridades cubanas presentaron y aprobaron el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, en una maniobra que exhibe la profundidad de la crisis en la isla y deja abierta la duda sobre su capacidad de reacción. Miguel Díaz-Canel adelantó las medidas por sorpresa; después recibieron el respaldo del pleno del Comité Central del Partido Comunista y la ratificación de la Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria.
Díaz-Canel dijo ante la Asamblea que Cuba «vive las horas más difíciles de este siglo» y sostuvo que «es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado». Según su planteamiento, el plan pretende abrir y descentralizar una economía exhausta y paralizada por factores internos y, sobre todo en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos. Aun así, el antecedente oficial obliga a mirar la ejecución: durante la presidencia de Raúl Castro también hubo anuncios reformistas que luego no se aplicaron, se recortaron o quedaron atrapados en una maraña burocrática.
El paquete comprende 176 reformas, varias de ellas de gran alcance. Algunas ya habían sido propuestas en los últimos años, incluso hace más de una década, mientras otras buscan dar respuesta a problemas más recientes, como la escasez de combustible. Aunque el plan se ha presentado como un punto de inflexión, sus efectos siguen siendo inciertos y el contraste entre la urgencia del discurso y los resultados todavía pendientes vuelve a poner el foco en la rendición de cuentas del poder y en el costo social de los retrasos acumulados.