La fórmula anunciada por la administración para hacer frente a la crisis vuelve a poner en primer plano una preocupación recurrente: quién terminará pagando la factura. Aunque el paquete contempla iniciativas para facilitar las operaciones de las pequeñas empresas y reforzar la recaudación fiscal, la discusión de fondo sigue intacta: si se trata de una respuesta estructural o de medidas temporales que, como ha ocurrido antes, terminan trasladando costos a la población.
El precedente que pesa sobre cualquier ajuste es bien conocido. Cada vez que se presentan medidas para fortalecer las finanzas públicas o resguardar la estabilidad económica, los consumidores dominicanos quedan expuestos al riesgo de mayores precios, nuevas cargas tributarias o alzas en tarifas de servicios esenciales. Por eso, las decisiones anunciadas por el Gobierno no pueden valorarse solo por su intención declarada, sino por su impacto real sobre los hogares.
A esa advertencia se añade un problema de gestión que distintos sectores vienen señalando desde hace años: debilidades en la administración tributaria, altos niveles de evasión y elusión fiscal, y otras insuficiencias que siguen sin resolverse de manera de fondo. En ese escenario, el debate no es únicamente técnico. También implica una exigencia de rendición de cuentas sobre si la respuesta oficial corrige las fallas del sistema o vuelve a descargar el peso de la crisis sobre los ciudadanos.