La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yiberty Polanco, dejó para el próximo viernes en la mañana la decisión sobre la medida de coerción solicitada contra diez implicados en la denominada Operación XL-526, en un proceso que ya supera una semana desde los operativos realizados en San Francisco de Jacagua, al norte de Santiago.
El Ministerio Público pidió 12 meses de prisión preventiva contra los acusados, a quienes vincula con una presunta red de extorsión y estafa en perjuicio de ciudadanos dominicanos residentes en Estados Unidos. Durante la audiencia, uno de los puntos que más discusión generó fue la ausencia física de los querellantes, residentes en ciudades como Nueva York y Florida, aspecto que la defensa aprovechó para exigir mayor sustento en la acusación presentada.
La discusión volvió a poner el acento en la necesidad de que las autoridades expliquen con solidez los alcances del caso, luego de allanamientos, arrestos e incautaciones de bienes vinculados no solo a los imputados, sino también a sus familiares. Mientras los abogados esperan que sus representados puedan obtener la libertad, el aplazamiento del fallo prolonga la incertidumbre en un expediente que sigue bajo escrutinio judicial.