Un informe privado de la denominada Rape Gang Inquiry sostiene que redes organizadas de explotación sexual infantil actuaron durante décadas en distintas zonas del Reino Unido mientras las instituciones públicas llamadas a proteger a las víctimas acumulaban fallos sistemáticos. El documento, de 219 páginas y sin carácter oficial, apunta a que las autoridades británicas no respondieron de forma efectiva pese a denuncias e indicios reiterados sobre estos abusos.
La investigación reúne testimonios de sobrevivientes, familiares y denunciantes, y atribuye a la falta de reacción de cuerpos policiales, servicios sociales, centros educativos y otros organismos públicos el hecho de que estos delitos se mantuvieran durante años sin una respuesta adecuada. Según el resumen ejecutivo, la mayoría de las víctimas eran niñas en situación de vulnerabilidad, captadas mediante engaños, alcohol o drogas y luego sometidas a explotación sexual por grupos organizados en diferentes localidades.
Ante ese panorama, los autores piden reformas profundas en los sistemas de justicia y protección de menores. Entre las recomendaciones aparecen el endurecimiento de sanciones, mejores mecanismos para registrar información sobre agresores, mayor intercambio de datos entre agencias y medidas de rendición de cuentas para las instituciones que incumplan sus obligaciones legales, en un nuevo llamado a vigilancia y control sobre organismos que, según el informe, fallaron durante años.