La decisión sobre la medida de coerción solicitada contra los implicados en la Operación XL526 quedó fijada para el próximo viernes, a las 2:00 de la tarde, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
El Ministerio Público pide un año de prisión preventiva para los 10 imputados, a quienes señala de integrar una presunta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a dominicanos residentes en Estados Unidos. Al finalizar la audiencia, los abogados de la defensa pusieron en duda la acusación y afirmaron que las pruebas presentadas no bastan para sustentar medidas privativas de libertad.
Elvin Domínguez, abogado de varios de los acusados, dijo que las pruebas son «certificantes, pero no vinculantes» y sostuvo que no hay testigos directos ni víctimas identificadas que relacionen de forma específica a sus representados con los hechos atribuidos. José Reynoso, defensor de otros encartados, también señaló debilidades en el expediente y afirmó que las supuestas víctimas no están debidamente identificadas.
Mientras el órgano acusador atribuye a los imputados la presunta integración de una organización criminal de alcance internacional con base operativa en Jacagua, Santiago, la audiencia dejó en evidencia la distancia entre la gravedad de la imputación y los reparos sobre la solidez de las pruebas para sostenerla.