Las condenas emitidas esta semana en el caso Coral y Coral 5G devolvieron al centro del debate una de las respuestas más recordadas del poder frente a las denuncias sobre el manejo de recursos públicos: “¿Cuál corrupción?”. En 2016, mientras distintos sectores alertaban sobre irregularidades, el entonces presidente Danilo Medina respondió con esa frase, que sus seguidores usaron luego para defender que la gestión estaba libre de actos ilícitos.
La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional marca ahora un contraste contundente con aquel discurso. El tribunal impuso 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras hallarlos culpables de integrar un entramado de corrupción y lavado de activos que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos. También fueron sentenciados a 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán.
A esas penas se suman condenas de 10 años de prisión para Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores. Más que cerrar un expediente judicial, la sentencia vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de vigilancia en el uso de los fondos públicos y exhibe el costo institucional de desoír a tiempo las alertas sobre corrupción.