El Poder Ejecutivo sometió este martes al Senado un proyecto de ley para crear la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Digiteg), una entidad autónoma y descentralizada que sustituiría a la actual Digeig. La propuesta vuelve a abrir el debate sobre la eficacia del esquema vigente al plantear una nueva institución con independencia administrativa, financiera y funcional, además de facultades más amplias para investigar denuncias, imponer sanciones administrativas e inhabilitar a funcionarios por hasta cinco años.
Presentada por la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, la iniciativa afirma que persigue reforzar la transparencia, la prevención de la corrupción y el acceso a la información pública. A la vez, extiende competencias hacia la protección de datos personales y la protección de denunciantes, informantes y testigos. De acuerdo con el texto, la Digiteg sería la autoridad rectora del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública y podría actuar a partir de denuncias de ciudadanos, reportes de las Comisiones de Integridad Gubernamental o de oficio.
El proyecto también establece un régimen de sanciones para servidores públicos: amonestaciones y suspensiones de hasta 30 días para faltas leves; suspensiones de hasta 60 días y multas de hasta 15 salarios mínimos del sector público para faltas graves; y, en el caso de faltas muy graves, multas de hasta 30 salarios mínimos, destitución e inhabilitación temporal. Si detecta indicios penales, la nueva entidad deberá remitirlos al Ministerio Público. La propuesta llega al Congreso con un alcance más amplio que el de la estructura actual, lo que somete a mayor escrutinio la capacidad real del Estado para convertir el discurso de integridad en controles efectivos y sanciones concretas.