LIMA. – Familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y 2023 en Perú rechazaron el virtual triunfo de Keiko Fujimori y colocaron en el centro del debate las acusaciones de blindaje político e impunidad por las muertes registradas durante la represión. La Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, que agrupa a las 49 víctimas mortales y decenas de heridos, realizó este martes un plantón frente al Palacio de Justicia para reclamar justicia por los hechos ocurridos durante las manifestaciones contra Dina Boluarte y en demanda de la liberación de Pedro Castillo.
Milagros Samillán, vocera del grupo y hermana de una de las víctimas, quien murió en Juliaca mientras auxiliaba a heridos en una protesta, sostuvo que no aceptarán “un gobierno de la hija de un dictador” y aseguró que, desde las masacres ocurridas hace tres años, las familias han marchado sin recibir respuestas. Según explicó, el partido de Fujimori protegió a Boluarte y a los ministros que estaban en funciones durante la represión.
Además, los manifestantes acusaron al fujimorismo en el Congreso de impulsar leyes orientadas a favorecer la impunidad de policías y militares señalados por las muertes. Frente a fotografías de fallecidos en Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Junín y Macusani, reiteraron que Fujimori no los representa y advirtieron que seguirán movilizándose para exigir que no se cierre el paso a la justicia ni se consolide el blindaje a los responsables.