La reforma de justicia fiscal vuelve a poner bajo la lupa la distancia entre el discurso oficial y los cambios concretos. El texto sostiene que una iniciativa de este tipo no puede quedarse en las rentas visibles dentro del país y recuerda que filtraciones internacionales como Panama Papers y Pandora Papers revelaron vínculos de grandes patrimonios y grupos económicos dominicanos con estructuras offshore, un escenario que, aunque no implica necesariamente ilegalidad, sí exige más transparencia, intercambio de información y control sobre la elusión, la planificación fiscal agresiva y la fuga de capitales.
Se valora que el Gobierno haya asumido la presidencia de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe, pero la principal alerta sigue en lo que no se aborda de manera sustantiva. El texto indica que el gasto tributario equivale a 4.5% del PIB, unos RD$393,000 millones, y que su componente empresarial representa alrededor del 55% del total, mientras los incentivos fiscales empresariales continúan sin una revisión de fondo. La advertencia es precisa: si se pide más esfuerzo a los contribuyentes, debe quedar claro qué privilegios fiscales se revisan y cuáles se conservan por generar beneficios sociales verificables.
Persisten también vacíos en el frente del gasto y la amnistía. Según el texto, el Gobierno plantea ajustes y racionalización del gasto público, pero sin metas suficientemente cuantificadas ni mecanismos claros de seguimiento, pese a que la promesa de austeridad y eficiencia se ha repetido muchas veces sin cambios sostenidos. Así, la reforma queda expuesta a cuestionamientos sobre su alcance real y refuerza la necesidad de vigilancia institucional sobre quiénes cargan con el esfuerzo fiscal y quiénes siguen protegidos por un esquema de excepciones poco transparente.