El caso Onco-14 vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos destinados a la salud, ahora con señalamientos de que fondos del Senasa habrían sido sustraídos mediante el Instituto Oncológico del Cibao. En Santiago, el Ministerio Público arrestó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a quienes atribuye asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, esos recursos debieron ser aplicados a pacientes con cáncer del régimen subsidiado y del Estado que acuden a ese centro desde todo el Cibao. El expediente, denominado Onco-14, se suma además a una secuencia de pesquisas ligadas al fraude en Senasa, un caso que ya había generado indignación por el presunto desvío de dinero destinado a la población más pobre y vulnerable.
Este nuevo escándalo fortalece la demanda de vigilancia y rendición de cuentas sobre las estructuras que administran fondos de salud, sobre todo porque el órgano acusador todavía no ha revelado el monto del dinero defraudado. En una sucesión de casos que mantiene la atención pública, vuelve a imponerse la necesidad de aclarar el alcance del perjuicio y establecer responsabilidades sobre recursos que debieron convertirse en atención para pacientes, no en nuevas tramas de corrupción.