La audiencia para conocer la medida de coerción contra los imputados de la Operación XL-526 quedó aplazada por tercera vez, esta vez entre cuestionamientos por la ausencia de los querellantes y las limitaciones de horario en el tribunal. La jueza Yiberty Polanco reprogramó la continuación para el miércoles 17 de junio, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
El Ministerio Público pide 12 meses de prisión preventiva para 10 acusados, a quienes atribuye formar parte de una presunta red de extorsión orientada a residentes en Estados Unidos. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa de varios imputados centró sus objeciones en que ninguno de los querellantes ha comparecido de manera personal al proceso. “No hemos visto al primer estadounidense que diga que es víctima de este caso”, sostuvo la defensa.
El abogado Miguel Díaz aseguró que hasta ahora no se ha presentado en la audiencia ninguna persona que se identifique directamente como víctima del supuesto esquema. De acuerdo con la defensa, aunque el Ministerio Público sostiene que las víctimas residen en Estados Unidos, esa condición ha dificultado su presencia directa, por lo que han sido representadas mediante poderes notariales. El nuevo aplazamiento deja abierto un frente de fiscalización sobre el manejo del caso y vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del sistema para sostener procesos de alto perfil sin demoras ni vacíos en su fase inicial.