El envío a juicio de fondo de Antonio Espaillat y Maribel Espaillat por el caso Jet Set abre una nueva etapa en uno de los expedientes más sensibles del país y pone otra vez en primer plano las fallas que rodearon la tragedia. El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, concluyó que la acusación del Ministerio Público reúne méritos suficientes para ser conocida en un juicio oral, público y contradictorio.
Con esa decisión se mantiene la calificación jurídica de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, así como la medida de coerción de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Aunque el envío a juicio no equivale a una condena, sí supone que otro tribunal tendrá que examinar pruebas, escuchar testigos y peritos, y determinar si existe responsabilidad penal por el colapso del techo del Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025.
El caso dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas durante una actividad artística, y desde entonces ha abierto un debate nacional que trasciende a los imputados: la seguridad estructural, la fiscalización estatal, los derechos de las víctimas y las garantías judiciales. La apertura del juicio de fondo vuelve a someter a escrutinio si, frente a una tragedia de esta magnitud, las instituciones han estado a la altura de las exigencias de control y rendición de cuentas.