Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Luis Abinader ante el efecto de la guerra entre Irán y las tensiones internacionales sobre los combustibles han reabierto una discusión de fondo: el problema no pasa solo por cuánto se recauda, sino por la forma en que se recauda. Más allá de la respuesta coyuntural, el texto sostiene que el enfoque fiscal debería revisarse para cobrar a quienes evaden y aliviar a la clase media y a los sectores formales que sostienen el sistema.
Ese señalamiento apunta a una falla estructural. En vez de seguir aumentando o manteniendo cargas sobre quienes ya cumplen, la prioridad tendría que estar en ampliar la base mediante el combate a la evasión. Desde esa lógica, resulta cuestionable dar paso a nuevos esquemas impositivos sin revisar primero dónde están las fugas reales, en un contexto en el que han sido señalados de manera recurrente algunos profesionales de la salud, clínicas privadas, comercios, empresarios extranjeros, el sector hotelero y el comercio en general.
La discusión, por lo tanto, va más allá del anuncio oficial y coloca el foco en la rendición de cuentas sobre la política fiscal. Si el Gobierno admite la presión económica derivada del escenario internacional, también queda en evidencia el contraste entre el discurso de estabilidad y un modelo que, según el planteamiento expuesto, sigue recayendo con más fuerza sobre la clase media mientras la evasión permanece como una deuda pendiente del sistema.