El avance económico de China vuelve a situar en el centro una discusión clave de la economía política: hasta qué punto un sistema autoritario puede sostener el crecimiento a largo plazo sin instituciones abiertas ni contrapesos. El texto arranca de un hecho ampliamente reconocido: desde las reformas impulsadas por Deng Xiaoping en 1978, China pasó de ser una sociedad pobre y mayoritariamente agrícola a convertirse en la segunda economía más grande del mundo, con peso manufacturero, infraestructura de primer nivel y capacidad de competir tecnológicamente con Estados Unidos, todo bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino.
Sin embargo, ese desempeño, lejos de cerrar el debate, refuerza la necesidad de vigilar la concentración del poder. La pieza recuerda el planteamiento de Daron Acemoglu y James Robinson en Por qué fracasan los países: la prosperidad duradera depende de instituciones políticas y económicas inclusivas, con poder distribuido, derechos de propiedad protegidos, incentivos a la innovación y participación libre en la vida económica y política. Desde esa lógica, los sistemas extractivos pueden crecer con rapidez durante un tiempo, pero terminan topándose con límites por la restricción a la competencia, la innovación y la destrucción creativa.
De ese modo, el caso chino aparece menos como una refutación definitiva y más como una advertencia institucional. Aunque a primera vista desafía la tesis de que desarrollo y liberalización política avanzan juntos, el propio contraste entre crecimiento económico y centralización política deja abierta la pregunta de fondo sobre la sostenibilidad real de ese modelo en el largo plazo.