La Operación XL526, presentada por el Ministerio Público contra una presunta estructura dedicada a la extorsión y al lavado de activos, pasó del plano operativo al de la fiscalización institucional luego de que abogados defensores denunciaran supuestas irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales de los detenidos.
De acuerdo con los juristas, en los 28 allanamientos ejecutados en Santiago y Puerto Plata se habrían producido detenciones sin las órdenes judiciales correspondientes, además de restricciones para acceder a la defensa técnica. También sostienen que algunos imputados fueron incomunicados y que, en las primeras horas, no pudieron contactar a familiares ni a sus representantes legales, al tiempo que cuestionan la presentación de pruebas por un presunto incumplimiento de los protocolos de cadena de custodia.
La operación concluyó con 20 arrestos, entre ellos cinco señalados como cabecillas, y fue ejecutada por 35 fiscales junto a la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y HSI Santo Domingo. Aunque el Ministerio Público defiende la legalidad del caso y asegura contar con abundante evidencia de estafa, chantaje y lavado de activos mediante criptomonedas y transferencias electrónicas, las denuncias de la defensa colocan el foco en la obligación de rendir cuentas sobre el respeto a las garantías constitucionales en un proceso de alto perfil.