Bolivia llegó a su quinta semana de protestas de sindicatos obreros y campesinos, en un escenario que ha agravado la crisis económica que el país arrastra desde 2023 y que vuelve a impactar el costo de vida, el abastecimiento y la actividad productiva. Los bloqueos de carreteras han golpeado industrias, producción de alimentos y turismo, entre otras áreas, con pérdidas que superan los 1.600 millones de dólares.
Las movilizaciones arrancaron a comienzos de mayo por demandas sectoriales, pero luego escalaron hasta pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La presión está impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y grupos de seguidores del expresidente Evo Morales. Estos sectores alegan un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno y cuestionan las nuevas normas anunciadas para hidrocarburos y energías, al considerar que buscan privatizar empresas y servicios, algo que las autoridades niegan.
Paz asumió la Presidencia en noviembre pasado en medio de una crisis marcada por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y una inflación que en 2025 cerró en 20,40 %. En este panorama, los bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos, sobre todo en La Paz, mientras en Cochabamba y Santa Cruz productos que no pueden ser enviados al interior o al exterior del país se echan a perder. También volvió a escasear el combustible, con filas de días para conseguir gasolina o diésel, y se reporta falta de oxígeno medicinal, en un cuadro que acentúa el contraste entre la crisis heredada y la falta de respuestas efectivas para contener su impacto social.