La entrada en vigencia de la Ley 74-25, que crea el nuevo Código Penal, junto con la Ley 97-25, sobre el nuevo Código Procesal Penal, abrió una nueva alerta institucional en el sector salud. El Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió que la interacción de ambas normas podría derivar en una criminalización excesiva del ejercicio médico, con impacto directo en la atención a los pacientes.
Luis Peña Núñez, presidente del gremio, afirmó que el nuevo marco penal puede generar una amenaza permanente de procesos judiciales y llevar a los profesionales hacia una medicina defensiva. De acuerdo con su explicación, ese panorama no solo aumentaría los costos de atención, sino que también complicaría la toma de decisiones clínicas a tiempo y reduciría el acceso de la población a servicios especializados, en un contraste que vuelve a poner bajo revisión el efecto real de las reformas legales sobre servicios esenciales.
El CMD reiteró que no defiende la impunidad, sino un balance entre los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los médicos. Por eso, planteó que las controversias clínicas sin dolo, fraude o negligencia temeraria sean conocidas de manera preferente en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinaria, y reclamó garantías de debido proceso para impedir que el sistema penal se convierta en un instrumento de presión constante contra los profesionales de la salud.