La decisión de no ha lugar dictada a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado por más de 19,000 millones de pesos volvió a colocar bajo escrutinio la respuesta institucional ante expedientes de alto impacto. Este lunes, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el fallo emitido por la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presenta “falencias procesales elementales” y confirmó que el Ministerio Público lo apelará.
A través de un documento de prensa, Reynoso afirmó que la lucha contra la corrupción “no se detendrá” y sostuvo que permitir que prevalezca una resolución que, a su entender, no se sostiene en derecho y beneficia a imputados con un papel fundamental dentro de una estructura criminal no sería “honesto ni justo para el país”. Añadió, además, que el órgano persecutor agotará todos los recursos procesales disponibles, mientras las demás instancias judiciales deberán asumir la responsabilidad que les corresponde conforme a derecho.
La procuradora también indicó que no puede pasarse por alto que, según expuso, uno de los imputados favorecidos con el no ha lugar admitió haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo provenientes de actos de corrupción. Con la apelación, el proceso entra en una nueva etapa marcada por la revisión judicial y por la exigencia de rendición de cuentas en un expediente que involucra un presunto daño al Estado por miles de millones de pesos.