República Dominicana sigue figurando entre los países cuyos ciudadanos requieren visado para ingresar al espacio Schengen, una condición que la mantiene en una categoría migratoria que la diplomacia dominicana lleva años procurando revertir. El marco europeo, afianzado por el Reglamento 539/2001, continúa ubicando al país junto a un reducido grupo de naciones iberoamericanas sujetas a esa restricción.
La situación adquiere una carga particular porque, aunque se trata de la economía más grande del Caribe insular y una de las que más ha crecido en la región en las últimas décadas, ese desempeño no se ha convertido en una mejora de su acceso al espacio europeo de libre circulación. La evaluación de Bruselas no se apoya en variables económicas, sino en indicadores como permanencia irregular, solicitudes de asilo, seguridad documental y comportamiento estadístico de los viajeros.
Ese panorama vuelve a plantear la demanda de explicaciones sobre los resultados concretos de las gestiones oficiales en un asunto que incide de forma directa en la movilidad internacional de los dominicanos. En tanto otros Estados caribeños con menor población disfrutan de entrada sin visado, República Dominicana continúa sometida a controles documentales reforzados y a una percepción de riesgo migratorio que arrastra desde los años noventa.